ASFACUME se dirige públicamente a la Ministra de Sanidad, Mónica García, ante una situación que consideramos extremadamente grave.
Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social están cuestionando e invalidando declaraciones médicas firmadas por facultativos del Sistema Público de Salud que acreditan que un menor padece una enfermedad incluida en el Real Decreto 1148/2011 y que precisa cuidados continuos, directos y permanentes. Hablamos de niños con cáncer y enfermedades graves.
Especialistas del sistema público, responsables del seguimiento clínico de estos menores, ven cómo sus informes son desautorizados, cuestionados e invalidados por médicos de mutuas que no conocen al paciente y que, en muchos casos, ni siquiera son pediatras.
Y lo más preocupante: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está permitiendo este cuestionamiento sistemático de firmas médicas oficiales. Se está tolerando que declaraciones clínicas válidas, emitidas por el sistema sanitario público, sean puestas en duda desde estructuras administrativas externas.
El Real Decreto prevé renovaciones periódicas cuatrimestrales. Lo que no prevé es que se utilicen como mecanismo de presión, exigiendo reiteradamente nuevos informes en plazos de diez días, como si el acceso a especialistas fuera inmediato. Esta práctica obliga a las familias a volver una y otra vez a consultas médicas y/o hospitalarias para justificar enfermedades ya diagnosticadas, incrementando innecesariamente la carga sobre un sistema sanitario público ya tensionado.
La pregunta es directa:
¿Va a permitir el Ministerio de Sanidad que se desautorice el criterio clínico de sus propios profesionales? ¿Es aceptable que se cuestionen firmas médicas del sistema público en menores con enfermedades graves? Las familias necesitan protección.
Los médicos merecen respeto.
Y las instituciones deben actuar con coherencia.
